DEMOCRACIAS CAPTURADAS Y CORRUPCIÓN
Ana Luisa De Maio
Nos preguntamos- con acierto- sobre la influencia de las instituciones, los niveles de corrupción, la ética de los ciudadanos y los funcionarios públicos. La presunción generalizada de que el poder de la técnica y la ciencia resuelve per se la cuestión social, no ha solucionado los actuales y conflictivos procesos sociales.
Existe la pretensión de que las recetas globales o internacionales son únicas y totalizadoras, prescindiendo de cualquier especificidad contextual. Las instituciones entendidas como el conjunto de órganos formales e informales, no siempre son consideradas al momento de promover políticas públicas de crecimiento y desarrollo.
La confianza en los regímenes, los gobernantes y su probidad, redunda en la eficacia de una decisión que sería exitosa no solo por su cuasi certeza científica o técnica sino por la adherencia o cohesión de lo institucional con el entretejido social. Las soluciones técnicas sin la visión política están destinadas al fracaso.
Los diferentes ambientes políticos, sociales y económicos restan eficiencia a recetas uniformes que únicamente serían válidas en aquellos Estados en que fueron pergeñadas. Desconocen las particularidades de cada región en la que se intenta reproducir su viabilidad, sin importar el porqué de los fracasos, rechazos o impactos negativos en la población.
Cierto es que los efectos de las políticas públicas suelen ser inoperantes si en su contenido y formación se ignoran las historias nacionales entendidas como la continuidad de los procesos habidos en cada Estado. Si éste emerge como el exponente de un determinado grupo social adherido a su conformación, debería inexcusablemente considerar en su posicionamiento las diversas realidades del campo social, económico y político. La base de las políticas estatales debe ser el entendimiento de que su fin primordial es la concepción y promoción del desarrollo humano, la búsqueda de una sociedad plena, equitativa, justa y con igualdad de condiciones y oportunidades. Sobre esta cuestión precisamente se afirma que es necesaria la participación efectiva, la plena inclusión de todos y que el ejercicio del control de la agenda pública contribuye a institucionalizar democracias plenas. En este camino hacia la vigencia cualitativa e ininterrumpida de la democracia como sistema de vida, el respeto a la condición de persona es insustituible.
La corrupción es uno de los factores que socava la construcción de confianza en las instituciones púbicas. Se afirma que “es la sumatoria del monopolio de la decisión más la discrecionalidad”. Ese valor aumenta en la medida de la disminución provocada en la responsabilidad de los actos gubernamentales y su respectiva rendición de cuentas. Así, se utiliza la figura del triángulo de la corrupción política que “articula tres procesos de decisiones: el uso del poder, la actuación de los controles sociales y políticos y la referencia a normas y valores. El debilitamiento de cualquiera de estos vértices precipita la corrupción”.
Los obstáculos limitantes a su combate son internacionales y nacionales. Internacionales: Entre las mismas encontramos: inexistencia de organismos públicos internacionales específicos, encargados de una punición efectiva y erradicación; desproporción entre el poder de la corrupción globalizada y el poder de los organismos de control; diferencia abismal entre recursos privados y públicos en casos de controversias; falta de cooperación internacional (paraísos o guaridas fiscales); insuficiente voluntad política internacional.
Entre las específicamente nacionales podemos mencionar: falta de coordinación interinstitucional; desfase entre la institucionalidad y la ampliación de la corrupción; problemas de autonomía y atribuciones; débil apoyo del órgano judicial; insuficiente voluntad política de los actores; destrucción de redes sociales de confianza. Democracia capturada derivada en un “control controlado”.
Los obstáculos político-culturales también forman parte de la ardua tarea de transparentar los procesos de las políticas públicas. La simple proliferación de leyes y reglamentaciones que atañen al adecuado control y evaluación no resultan suficientes si no se cuenta con una férrea voluntad política. “El obstáculo más difícil de superar en la lucha contra la corrupción, es la unión del poder político y el poder económico en contra de los intereses comunes pues actúan en todos los terrenos”. Así, logran la lenta desaparición de organismos que amenazan la impunidad sumada a la remoción de funcionarios considerados molestos por su tenaz lucha contra ella.
Estas problemáticas sumadas a las – claramente evidentes- limitaciones al libre acceso a la información pública y al conflicto de intereses en lo que se denomina “democracias capturadas”, envuelven a todo esquema de corrupción sistemática.
El colapso del contrato social, un concepto ético utilitarista exclusivamente individual y no comunitario, la degradación de valores cívicos, la autogenerada incapacidad de la correcta distinción entre lo justo y lo injusto, el sentido del bien comunitario y del individual –entre otros muchos puntos- forman un combo sutil de factores que desvanecen cualquier política pública enraizada en el objetivo final de promover el bienestar general y atender a las necesidades de carácter colectivo.
Ana Luisa De Maio
Ana Luisa De Maio 