Me encanta tu artículos.

Vivir respetando el orden jurídico nos conduce, indiscutiblemente, a vivir en un verdadero “Estado de Derecho”; de aquí la gran importancia y el gran deber de los Estados del mundo de crear órdenes jurídicos adecuados a su nivel de progreso histórico/cultural/político/moral y económico, que sea eficaz, equitativo, buscando el Bien Común, orientado a la Justicia, y de que se mantengan adecuadamente los mecanismos que garanticen el nacimiento y mantenimiento del Derecho, para garantizar el cumplimiento (en caso necesario mediante la fuerza pública) de esas normas, para lograr el desarrollo óptimo individual y colectivo.

Nos debemos preguntar: ¿Qué límites debe reconocer el poder del Estado para no caer en abusos? Y la respuesta es: Debe reconocer los límites que le impone su régimen legal/constitucional. Los que le imponga su Constitución General.

Pero, cuando una sociedad o Nación todavía no tiene una Constitución, o ya teniendo se le quiere adaptar a los cambio sociales de esa sociedad, queda en pie el problema: ¿Qué limites deben reconocer los llamados a dar o reformar una Constitución a un Estado?… ¿Qué principios racionales deben guiar la actividad de una Asamblea o Congreso Constituyente, como órgano creador de la primera Constitución de una nación que se va a constituir en Estado? (o bien reformarla)… ¿Hasta dónde llegan sus facultades al delimitar la libertad de los partícipes y las atribuciones de los órganos del Poder?… ¿Es medida su propio criterio… o la voluntad ciega y dispersa de la multitud?… ¿Esos límites, deben ser únicamente respetados por la Asamblea Constituyente… o, también por el Poder del Estado ya legalmente constituido?…

Existiendo ya la ley positiva como principio rector fundamental de los órganos del Estado… siguen constituyendo esos principios, a pesar de esto, límites para la autoridad en los actos públicos en las tres esferas del Poder en la creación, interpretación y aplicación de esa leyes??…

Rudolf Stammler, autor neokantiano, al abordar los temas sobre los problemas del Derecho, encuentra una clara distinción entre el concepto y la idea del Derecho. El concepto simplemente tiende a deslindar -dice- en tanto que la idea tiene por objeto orientar. El concepto es una resultante de un ordenamiento de los datos que proporcionan al espíritu las sensaciones (los sentidos), hasta reducirlos a un sólo término. La idea, en cambio, tiende a referir los datos así catalogados a una finalidad (un fin, un valor).

El oficio y misión general de la autoridad, como fuerza ordenadora y directiva, consiste en dirigir la sociedad al fin que le es propio. El fin de la sociedad no es la mera coexistencia armónica de los derechos individuales, obtenida por la restricción de la libertad, ni el bien público, ni el del Estado mismo -como contrapuesto al individual-, sino el Bien Común, o sea, un bien del cual todos y cada uno tienen derecho a participar en la medida proporcional, conforme al principio “suum cuique”.

Dice en gran autor Krauzista del siglo XIX Heinrich Ahrens que. “…en el conjunto de fines principales que forman el destino humano, hay uno que, a causa de su importancia práctica, ha impulsado a los hombres a una primera organización, permaneciendo a la vez como el lazo permanente exterior de ellos… este fin fundamental no es otro que el Derecho, principio que ha dado nacimiento al Estado y permanece como regla de su acción… Podemos, pues, señalar al Estado un doble fin: un fin inmediato, directo, el Derecho; y un fin indirecto, pero final, consistente en el bien común…”.

Tres direcciones señala Ahrens a la actividad del Estado, en su misión de Bien Común, a través del Derecho:

a) Asegurar reconocimiento y respeto a la naturaleza propia, a la independencia y a la autonomía de todas las esferas de vida que persiguen fines distintos del jurídico y político. A esta primera función del Estado la llama Ahrens función reguladora del principio de autonomía.

b) Remover los obstáculos, por grandes que sean, para ser vencidos por fuerzas individuales, que impiden el libre desenvolvimiento de las actividades particulares; imponer a la libertad de todos, y someter, para el mantenimiento de la paz interior, todas las disputas a los tribunales. A esta función se le llama función reguladora de las condiciones de coexistencia.

c) Favorecer directa y positivamente todo el desarrollo social, creando condiciones generales que hagan posible el perfeccionamiento que todas las personas físicas y morales deben alcanzar, ante todo por el empleo de sus facultades y fuerzas propias pero sin invadir nunca las distintas esferas de actividad, en la persecución de sus fines especiales.

La misión del poder del Estado como “autoridad”, puede decirse que se concreta a cuidar de que la acción de todos los asociados tienda ´libre´ y ´eficazmente´ a realizar el fin de la sociedad. Para que la acción de los asociados sea ´libre´, se requiere la protección y la tutela de sus derechos; para que sea ´eficaz´, se requiere la asistencia y cooperación, supletorias, de la insuficiencia privadaa a través de la mano todopoderosa del Estado.

Por útlimo, para saber qué válidamente podríamos considerar como “Bienestar Común”, se requerirá pienso yo, que lo deliberen quienes detenten el Poder Público en las tres esferas (Judicial, Ejecitiva/Administrativa/ y Parlamentaria), y para selccionarlos, requerirán ser los más brillantes y connotados entre los diferentes núcleos sociales, que se distingan por su acervo cultural, por su hombría del bien y de la moralidad, por su honestidad, por su visión política, por el conocimiento profundo de los problemas sociales generales, por su espíritu de servicio, por su imparcialidad, por su identificación con el verdadero sentimiento y querer del pueblo, cuya voluntad puedan fielmente interpretar. En suma, el Poder Constituyente, a mi juicio, debe depositarse en una auténtica aristocracia de la inteligencia y del espíritu.

No dudo que la Democracia sea el régimen político ideal, pero desgraciadamente el criterio de las masas es difuso, es anárquico, es irreductible. Una verdad, una idea, en uno, puede ser un dogma; en dos, una opinión, en tres o más, ya no es nada. Porque el hombre es un “animal que piensa”, que piensa libremente, y que es, por naturaleza, intelectualmente rebelde. Para que el criterio de la masa pueda localizarse, es preciso reducirlo a la unidad de una idea, de un sistema, de una opinión. Desde ese momento ya no es el criterio o la voluntad de la multitud lo que se impone, sino el criterio de aquél cuyos son la idea, el sistema o la opinión. Parece increíble y es inevitable que sean uno o una minoría quienes deban encauzar, unificar y a veces usufructuar la voluntad colectiva y en mi concepto a eso no se le puede llamar ´Democracia´.

Dice C. Schmitt que la forma natural de la manifestación inmediata de la voluntad de un pueblo, es la voz de asentamiento o repulsa de la multitud reunida, la aclamación. En los grandes Estados modernos, la aclamación, que es una manifestación natural y necesaria de vida de todo pueblo, ha cambiado su forma: se manifiesta como ´opinión pública´. Pero siempre puede el pueblo decir “sí” o “no”, asentir o rechazar; y su sí ó no será tanto más sencillo y elemental, cuando la decisión de que se trate sea más trascendental para la propia existencia común.

Es muy interesante tu artículo.

Existen opiniones ambivalentes, en el sentido de que el Derecho no es mas que un conjunto de normas cuya eficacia esta reforzada en la ´amenaza´ del uso de la fuerza contra los infractores, bajo el pensamiento de que lo esencial de la ley es la coacción para garantizar su observancia.

Sin embargo, más recientemente se ha abierto camino en la ciencia jurídica la opinión de que el Derecho no es tanto un conjunto de normas reforzadas por la amenaza del uso de la fuerza, sino como el conjunto de las normas que regulan el uso de tal fuerza.

En otras palabras, la fuerza no se considera ya por los sostenedores de esta teoría (Kelsen, Olivecrona, Ross) como el instrumento para asegurar el cumplimineto de las normas jurídicas, sino que ella misma constituye el objeto de la reglamentación jurídica, la cual, precisamente, no tendría más función que la de establecer las condiciones de legitimidad del uso de dicha fuerza, designando a los sujetos a los que se pide que la utilicen y determinando los casos y modalidades en los que puede y debe utilizarse.

Es evidente que los sostenedores de las dos teorías utilizan el termino “fuerza” dotándolo de muy distintos significados. Y, realmente, cuando se dice que “…el Derecho es el conjunto de normas impuestas por la fuerza”, se alude a la fuerza creada por el Derecho; cuando, en cambio, se afirma que “…el Derecho es el conjunto de normas que regulan el uso de la fuerza”, se alude a la fuerza utilizada de conformidad con el Derecho.

Ello resulta mas claro si se presta atención a los dos significados con que se emplea la palabra “poder” en castellano; según el primer significado, poder (en el sentido del alemán Können) es el poder político, esto es, la fuerza institucionalizada que crea el Derecho; según el segundo (en el sentido del alemán Dürfen) es el poder jurídico que usa la fuerza de conformidad con el Derecho.

Por lo demás, la adhesión a una u otra manera de entender la relación entre el Derecho y fuerza responde a una elección de naturaleza ideológica. Pues, realmente, la teoría que ve en el Derecho un conjunto de preceptos reforzados por la amenaza de la fuerza pone el acento sobre la función “represiva” del Derecho como técnica de control social tendente, precisamente, a la represión de los comportamientos desviantes. Por su parte, la teoría que ve en el Derecho un conjunto de normas que regulan el uso de la fuerza, subraya la función “garantista” del Derecho, es decir, la certeza que éste suministra de que ninguna forma de constricción, física o de otra naturaleza, puede ser utilizada más que en los casos y modos permitidos por el ordenamiento jurídico.

En realidad, la función represiva y la garantista constituyen las dos caras de la misma moneda. En efecto, el Derecho sólo debe asegurar a cada individuo una esfera de libertad, dentro de la que éste actúe con plena autonomía; a condición de reprimir las actividades de los demás individuos que constituyan una interferencia indebida en esta esfera de libertad. Puesto que la esfera de libertad, o espacio jurídico de todo individuo puede ser más o menos amplia, según plazca a los que detentan el poder político, el Derecho se presenta con características intrínsecas de ambivalencia.

Pues, en efecto, el sistema jurídico, si por un lado constituye un medio eficaz para garantizar la libertad individual y favorecer la consecución de altas metas de Justicia y bienestar social, por otro representa un poderoso instrumento para el control del individuo, con el cual pueden abusar fácilmente los que manejan las palancas del poder para anular aquella misma libertad y reforzar sus propias posiciones de grandeza, superioridad económica y social.

A menudo el Derecho es definido por muchos autores como “un sistema de límites” y la definición puede aceptarse con la advertencia de que el problema de fijar tales límites –esto es, de determinar la amplitud de las libertades individuales en relación con las exigencias de coexistencia y cooperación propias del grupo- es un problema de opciones políticas y no un problema jurídico.

De todas formas, no todo el mundo está de acuerdo en pensar que la coacción (o mas exactamente, la coercibilidad) sea un componente esencial de la noción del Derecho. Los que rechazan tal noción ponen de manifiesto que, en la inmensa mayoría de los casos, las normas jurídicas son respetadas por sus destinatarios espontáneamente y no por el temor de incurrir en las sanciones previstas para los desobedientes. Hay una parte de verdad en este argumento, llamado de la ´adhesión espontánea´, aunque sólo una parte. Ya sabemos que el orden social presupone un mínimo de estabilidad, de normalidad, de previsibilidad, sin el que seria imposible toda forma de convivencia pacifica y de cooperación.

Ahora bien, el orden social debe hacer frente a la amenaza siempre posible de los comportamientos desviantes, que en todo momento pueden perturbarlo y, en último término, destruirlo; el orden social debe tener a su disposición los instrumentos aptos para garantizar una cierta uniformidad de conducta y para reducir y -en la medida de lo posible- eliminar los comportamientos desviantes. Y en este sentido se engrandece la característica de la “positividad” como sello distintivo de las leyes emanadas del Estado, en la cual se funda la obligatoriedad jurídica de acatar el contenido de las leyes por los destinatarios, independientemente de la crítica de su contenido ético/moral.

Por otro lado, si bien es cierto que para los ojos del Estado es reprobable toda aquella conducta de gobernado que se desvia de la hipótesis de la ley positiva, también lo es que esas conductas -independientemente de la posibilidad abstracta de ser castigadas-, forman precedentes de inquietud del órgano social, que empujan -tarde o temprano- al cambio legislativo; el cual esta en constante tranformación, y el que es necesario para la adecuación de las normas jurídicas a la realidade fáctica social/juríca/moral/económica que reinan en toda sociedad, en su desarrollo evolutivo, pues el derecho positivo no el producto espontáneo e irreflexivo de un grupo informal -como lo son los usos sociales-, sino la creación mas o menos artificial y consciente de un grupo estructurado institucionalizado.

El Derecho positivo, nace cuando un sistema social ha alcanzado elevados niveles de especialización interna en las funciones asignadas a los componentes del grupo y se otorga una adecuada organización para la instauración y el mantenimiento de un cierto orden.

- El recurso como medio de revisión de actos administrativos
- Legitimación para recurrir
- Motivos de impugnación del acto administrativo
- Teoría General del Recurso administrativo
- Forma y plazo de interposición
- Autoridad competente
- Interposición y tramitación
- Terminación vía recurso
- Efectos de la resolución del recurso

para tal efecto me gustaria que me de su autorización para poder obtener el ensayo completo, o si pudiera enviarme a mi email. Agradezco mucho su atención.

Carolina Torres

desde ya gracias.