POLITICAS PÚBLICAS: RACIONALIDAD TÉCNICA Y POLÍTICA. SUS LÍMITES.

Por Ana Luisa De Maio

Dependiendo de la valoración superlativa que pueda dársele a cada uno de los términos en cuestión (política y administración), se han idealizado y puesto en marcha diferentes esquemas utilizados en la formulación e implementación de las políticas públicas.

Dos modelos clásicos responden a la elección de supeditar una sobre la otra.

El primero, toma como base el principio administrativo de la organización previa y planificada, de una acción acoplada en sus cánones pautados, anticipando los comportamientos de los actores sociales y de la maquinaria estatal; proyectando y “prescribiendo” políticas orientadas hacia el fin previsto, teniendo en consideración la consistencia de las mismas en términos de eficiencia, eficacia y coordinación, elementos todos a los que la racionalidad impregnaría de cierto vigor, además del control de los parámetros en juego ( respuestas del aparato institucional, de los consumidores y de los otros actores sociales). De allí que se le conozca como “modelo de intelección” (Ozslak) o de “racionalidad técnica” o “del superhombre” (en alusión a que todo lo puede y todas las partes de su “cuerpo” están perfectamente delimitadas y previstas en su hacer).

Faltaría acotar, que cualquier desvío es considerado una anomalía valetudinaria, no imputable a la planificación, sino a conductas o respuestas consideradas por el planificador “anormales” o “irracionales”. Justamente en esta acotación radicaría su fuerte debilidad. Lo que podría ser un programa perfecto, aparecería endeble cuando intenta entrar a jugar con los mismos parámetros en el “hacer político”. Basado en condiciones de neutralidad objetiva, la racionalidad técnica ignora ( o si lo considera, lo desecha) la incertidumbre, los criterios valorativos, intereses y conflictos sociales en juego, comportamientos que hacen a la dinámica del quehacer político propios de la difícil tarea “del decidir” y “del hacer” cuando de lo público se trata.

El plan de escritorio, en “abstracto”, encuentra en sí mismo pautas rígidas de acción y reacción, chocando abruptamente con la realidad que se les anima a enfrentarse una vez que se pretende llevarlo a cabo, deficiencia onerosa a la hora de solidificar sus proyectos en la escala política, y que tratan de salvar mediante “parches” de  adaptación de las variables.

El segundo modelo ideal, en cambio, parte de la premisa  de la propia   adaptación   del  mercado (término económico  traspolado para definir al conjunto de los actores sociales) a las circunstancias, reacomodando y equilibrando por sí misma los desvíos, no definiendo el “interés colectivo” como premisa, sino asumiendo que éste se irá precisando a medida que los intereses individuales del conjunto se vean satisfechos.

Este esquema de la “mano invisible”,-cuyos postulados obligatorios formulados para que la esperada “mano” “aparezca” algunos olvidan-, resulta de suponer una igualdad de condiciones entre los distintos actores sociales que definirían el resultado  político final, dando por sentado que todos estos agentes tienen el mismo poder y grado de autonomía en la formulación y veto en las propuestas. Si ésto fuese así, las decisiones y acciones aparecerían en el escenario, como  producto de una acción consensuada, coordinadas mediante negociaciones entre aquéllos en igualdad de condiciones. Presumir la existencia de igualdad de condiciones en el diálogo se torna utópica por las dificultades que plantea el cumplimiento de tal presupuesto.

Ante la imposibilidad fáctica y lo gravoso del cumplimiento de los estrictos postulados, aparece otra visión de la  interacción o racionalidad política, que relativiza la importancia de la  formulación de objetivos a priori, (propio de la planificación). Definirlos antes de la implementación resultaría costoso y arriesgado por incidencia de la incertidumbre incorporada como parámetro aún cuando se utilicen ajustes marginales a medida que los cambios en el encadenamiento de las acciones y factores durante la implementación se vayan produciendo, Así las políticas públicas podrían responder a cuestiones sociales y a distintos posicionamientos de los grupos  generalmente en disputa y conflicto. Se diseñaría la política concomitamente con la implementación de la misma.

Ahora bien,  las distintas formas que puede adoptar la interdependencia e interacción entre los agentes y el régimen político sobre el cual se asientan, son  elementos que las rigideces de las esquematizaciones parecieran no tener en cuenta, más allá de los compartimentos estancos dentro de los cuales se mueven los modelos descriptos para formular e implementar y gestionar las políticas públicas.

Estas consideraciones remiten a reflexión. ¿Debe adoptarse un esquema u otro? ¿No podrían compatibilizarse? Políticos administradores, o Administradores políticos, o cualquier recurso terminológico que resuelva esta dicotomía podría perfilarse como intento de acción conjunta, rescatando las bondades que caracterizan cada proposición, acotando las limitaciones prácticas de  ambas. Sin embargo, el rótulo de “político” o “administrador”, habría quedado fuera de las necesidades de estos nuevos tiempos.

Decidir la orientación de una determinada política pública, evidencia elegir un rumbo hacia el cual orientar la acción gubernamental. Pero ésto no puede definir como inexistente el aparato estatal que debe llevar a cabo la implementación. El político como el administrador no deberían desconocer que existirán dificultades u obstáculos a sortear mediante negociaciones, participación, consenso e interacción con los intereses sectoriales. Resultaría demasiado ingenuo, “no ver” –valga la expresión- la realidad en la cual actúan, la dinámica de los acontecimientos,  el encadenamiento de un hecho y otro, como así tampoco que lo pautado no siempre es lo que se cumple. La burocracia no es “per se” un endemoniado, sino que forma parte de su estructura. ¿Qué sucedería si se escucha, se planea, se acuerda?

Los canales de comunicación tampoco serían sincréticos pues podrían también fallar en la praxis. Recuerdo la observación del Sr. Ozlak, acerca de “racionalidades acotadas”. Quizás, los encargados de implementar y formular las políticas públicas, más allá de lo considerado supra, deberían no olvidar este límite y no asustarse ante los retos que depara la incertidumbre que lleva en sí misma cualquier tipo de relación social. Mucho más entonces, cuando los que actúan en ella, traen como mochila intereses propios y a veces contrapuestos. Intentar conocerlos, sin presumir “enfermedad” alguna, ni conspiración ni atentados contra la gobernabilidad, supondría un acto de valentía y una nota de talento para los encargados de postular los rumbos y para aquellos que los ejecutan que, dicho sea, también quieren ser tenidos en cuenta, pues sus experiencias históricas y funcionales aportan a la consecución de los objetivos. ¿Es que no miramos nuestras experiencias pasadas?

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