El 24 de Marzo de 1976 y Nuestra Memoria.

Defendiendo siempre las instituciones democráticas, y la república como forma y valor, se reproducen los artículos escritos  por el historiador periodista Silverio Enrique Escudero, publicados en su columna “El Balcón”, diario Comercio y Justicia, Diciembre de 2010, Cdad. de Córdoba, Pcia de Córdoba, Argentina.

La serie se divide en tres publicaciones:

Juicio a las Juntas (I) : La llegada de la democracia

Juicio a las Juntas (II): Un desafío diferente

Una bisagra, momento de decisiones.

Juicio a las juntas (I): la llegada de la democracia

Por estos días se cumplen 25 años del histórico juicio a las juntas militares que llenaron de sangre y terror las calles de la República Argentina. Como todos los episodios de la vida de los argentinos, cada quien tiene su valoración y esgrime, ante quien le escuche, sus mejores argumentos. Nosotros, que de alguna manera fuimos testigos de ese instante, imaginamos una serie de cuatro notas para sumarnos al recuerdo.

Para mejor comprender los hechos es imprescindible dar paso al historiador y reconstruir el escenario. La salida democrática, forzada por la derrota militar en Malvinas, se tornó imprescindible. Cada uno de los partidos políticos, en la clandestinidad, aceitaba sus mecanismos como mejor podía. Algunos, para mantener las prebendas de sus dirigentes, optaron por convocar casi en secreto a sus cuerpos orgánicos y hasta organizaron precongresos; otros eligieron el camino de las elecciones internas, buscando que sus precandidatos debatieran de cara a la sociedad sus ideas, para de esa manera convalidar sus proposiciones.

Sin embargo, la salida electoral no fue inmediata. Había mucho trabajo por delante. La tarea de construir la nueva democracia argentina era compleja. Los partidos políticos, a instancias de Ricardo Balbín, siguiendo los pasos de la Hora de los Pueblos, el 14 de julio de 1981 fundaron la Multipartidaria que fue integrada, como miembros plenos, por los principales partidos del país: Unión Cívica Radical, Partido Justicialista, Partido Intransigente, Partido Demócrata Cristiano y Movimiento de Integración y Desarrollo, con el objeto manifiesto de exigir que el gobierno dictatorial entregase en el menor tiempo posible el gobierno al pueblo mediante la convocatoria a elecciones libres y democráticas para, de esa manera, restablecer el orden democrático.

Los beneficiarios de la dictadura militar resistieron. No querían perder sus privilegios. Los había de todos colores y pelajes. Buscaban permanecer a toda costa sentados en sus despechos. Es que muchos esperaban continuar haciendo pingües negocios. Esos que se habían consolidado de la mano de Domingo Felipe Cavallo, quien les había nacionalizado sus deudas, luego de la primavera económica de José Alfredo Martínez de Hoz.

Es por ello que algunos de los miembros de la Multipartidaria obstruían el trabajo conjunto. No les importaba ciertamente que se votara en la Argentina. De todos ellos, Ítalo Argentino Luder fue el mejor de sus agentes. No sólo puso palos en la rueda; amenazaba con romper el trabajo colectivo. Como candidato presidencial, en plena campaña aseguraba desde las tribunas que convalidaría la ley de autoamnistía dictada, en postrer gesto, por Reinaldo Antonio Bignone, el último dictador, manifestación que fue celebrada en todas las unidades de las fuerzas armadas.
Ante este hecho de extrema gravedad y el silencio cómplice del resto del justicialismo, Oscar Alende, en su condición de copresidente de la Multipartidaria -que era garante del proceso eleccionario-, la convocó de urgencia para interpelar, fiel a su estilo, al candidato. Le pregunta si en verdad quiere recuperar la democracia para los argentinos, le recuerda las consecuencias de los decretos que firmó cuando estuvo al frente del Poder Ejecutivo por enfermedad de María Estela Martínez de Perón: “Entienda de una vez –hombre grande- que con las bestias no se negocia, hoy le muestran los dientes, después –cuando gane las elecciones- será, simplemente, un sirviente.”

Don Oscar tuvo razón a la luz de la historia. No había posibilidad alguna de negociar con los dictadores. Sin embargo, a poco de andar, Luder avanzó en su estrategia de transformarse en el político más confiable de la derecha. Ante la detención del almirante Emilio Eduardo Massera, candidato a Presidente de la Nación por su Partido para la Democracia Social, acusado por el juez federal Oscar Salvi del secuestro y desaparición del empresario Fernando Branca, con el que tenía diferencias personalísimas, abre, pese a la resistencia de sus compañeros, las listas para incorporar, en lugares expectables, a conspicuos masseristas.

Bignone, mediante insignes miembros de la Iglesia que integraban la Pastoral Social, le arranca a Luder nuevas promesas. Mucho más graves que las anteriores. No debe investigar la Guerra de las Malvinas, los excesos cometidos en contra de los soldados ni las defecciones en el frente de batalla, a pesar de las conclusiones de la Comisión de Análisis y Evaluación de las responsabilidades políticas y estratégico militares en el conflicto del Atlántico Sur, presidida por el teniente general (r) Benjamín Rattenbach.

La polémica está servida. No la rehuimos. Para muchos éstas son las causas, entre otras, por las que la fórmula Luder-Bitell fue derrotada en las elecciones del 30 de octubre de 1983. Nosotros, en tanto, aguardamos impacientes una historia crítica del peronismo que, seguramente, echará luz sobre la realidad de este partido político de profunda raigambre popular. Es de esperar que sus hombres y mujeres acepten del desafío. En caso contrario sus lagunas serán insondables. La aguardamos con extremo interés.

El juicio a las juntas (II): un desafío sin precedentes

La precandidatura a la presidencia de la República, dentro la Unión Cívica Radical, de Raúl Ricardo Alfonsín fue una construcción trabajosa. Llevó años. Es que a los sectores conservadores de su partido les resultaba un personaje difícil de digerir porque para la mayoría era un factor extraño, un izquierdista, “un zurdo de mierda que se entretiene defendiendo terroristas”, según la preclara definición de un conspicuo dirigente cordobés.

Es que llegaban muchos con algunos cargos de conciencia a cuesta. No sabían cómo pararse ante los nuevos desafíos de la historia. Se proclaman herederos de Arturo Íllia y poco y nada hicieron para defender su gobierno; tampoco salieron a las calles a reivindicar su obra, su labor, su gobierno y, prestaron a muchos de sus hombres para que integraran el elenco gubernamental del gobierno militar que gobernó la República Argentina entre 1976-1983.

Pero volvamos a nuestro relato. El candidato tomó la decisión de enjuiciar a las juntas entre abril y mayo de 1982. En el mismo instante en que se libraba la Guerra de Malvinas. Quienes lo escucharon se sorprendieron de sobremanera. Había que construir todo un andamiaje jurídico para encarar, en el marco de la Justicia, la revisión del pasado reciente. Los convocados a la tarea eran ciudadanos intachables. Nada podía dejarse al azar. Con el tiempo se supo quiénes fueron los elegidos. Por eso, antes de que la memoria termine siendo infiel, los anotaremos: Genaro Carrió, Carlos Nino, Martín Farrell, Ricardo Gil Lavedra, Eugenio Bulygin, Osvaldo Guariglia, Eduardo Rabossi y Jaime Malamud Goti, a quienes se agregaron, poco tiempo después, Andrés D’Alessio, Dante Caputo, Enrique Paixao, Juan Octavio Gauna.

Estos juristas, nos confió en una larga entrevista el doctor Genaro Carrió, llamaron en consulta a otros radicales, pero -por razones difíciles de dilucidar- ninguno -léase bien: ninguno- concurrió a la cita. A pesar de la seriedad de los temas abordados hubo un momento de distensión. Fue cuando nuestro anfitrión recordó una anécdota. Uno de sus colegas, el que insistía más en estar incluido en la comisión, al invitársele respondió: “Perdóneme, Doctor. No puedo ni por asomo aparecer por su estudio. Usted sabe que enseño Derecho Constitucional en un instituto de las Fuerzas Armadas”.
La tarea era ciclópea. Se trabajaba mirando el futuro. Para el día después de recuperar la democracia. Trabajaron contrarreloj. No había antecedentes a los que recurrir. Todo estaba por hacerse. Los Juicios de Núremberg, a los que la prensa recurre como modelo a la hora de buscar casos homólogos, tenía vicios de origen. Se trataba de procesos emprendidos por iniciativa de las naciones triunfantes en la Segunda Guerra Mundial y bajo jurisdicción de un Tribunal Militar creado ex profeso; tampoco era de utilidad la experiencia del juicio a los coroneles griegos que habían depuesto al rey Constantino II en 1967, que establecieron una de las más férrea dictaduras. No lo era porque los militares fueron juzgados -tras el levantamiento de la Politécnica de Atenas- bajo jurisdicción militar y condenados, no por violaciones a los derechos humanos cometidos sino por traición a la Patria.

La historia es rica en episodios y por eso enamora. Todos los cronistas e historiadores nos hemos olvidado de algunos hechos capitales. El 19 de agosto de 1983, cuanto todo hacía presumir el triunfo electoral del peronismo, miles de argentinos se lanzaron a las calles de la República, sin banderas partidarias, para decir NO a esa absurda construcción que fue el “Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo”, por medio de la cual, los dictadores intentaron, con la complicidad de muchos, justificar lo injustificable, negar la tortura y desconocer la existencia de los desaparecidos. Córdoba no estuvo ausente. Fue uno de los hechos políticos más emocionantes de los vividos en nuestra ciudad. Sólo comparable con la marcha que repudió el golpe de Estado de Augusto Pinochet.
A la hora de valorar el coraje civil, cuando la Justicia está sentada en el banquillo de los acusados, en esta columna queremos rendir homenaje a dos jueces. Ellos, Guillermo Ledesma y Jorge Torlasco, tuvieron la entereza moral de declarar “insanablemente nula e inconstitucional” la ley de autoamnistía, inmediatamente después de ser dictada. Es el mismo Guillermo Ledesma quien, en defensa de su jurisdicción, en pleno proceso militar, se enfrenta a Videla y Roberto Viola -comandante en jefe del ejército- y les exige que –en cinco días- devolvieran un preso que estaba bajo su custodia. Cuestión que cumplieron a regañadientes.

Queda para el debate jurídico y político la fórmula elegida para el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad que establecía distintos niveles de responsabilidad. No conformó a nadie. Eduardo Rabossi, en un testimonio que recogió el Archivo de Historia Oral del Instituto Gino Germani de la UBA, recordó: “A nivel de la represalia, la gente apuntaba a los militares de nivel bajo. Pero a nivel de Justicia y de cumplir un rol de docencia democrática, era importante juzgar a las cúpulas. Discutimos mucho por esto.”

 

Una bisagra, momento de decisiones

El 10 de diciembre de 1983, después de una década de brutal proscripción de la voluntad popular, fue un día extraordinario. Cada quien lo vivió a su manera. Con sus mejores galas, millones de ciudadanos ganaron las calles para festejar el final de un ciclo signado por golpes de estado, dictaduras militares y el terrorismo de estado.

Otros, con mayor tino, esconden sus emociones. Hablarán de la sinrazón de nuestra decadencia económica, de nuestra extraña relación con las formas democráticas, de nuestros odios viscerales y la sempiterna tendencia de los argentinos al individualismo. Ése que -siempre- acaba en sumisión a un líder en quien se deposita toda la razón, todos los miedos, todos los temores y todas las responsabilidades.

No sabíamos que se inauguraba una larga etapa de transición. Pretendíamos que, por arte de magia, el pasado no existiera. Que solucionara todos los problemas. Así, al menos, se lo percibió cuando Raúl Ricardo Alfonsín, después de jurar ante el Congreso, trepa a los balcones del Cabildo.

Estaba -decodificamos- naciendo “a la faz de la tierra una nueva y gloriosa Nación.”

Los primeros días del gobierno fueron febriles. El gabinete ministerial -integrado por Antonio A. Troccoli, Dante Mario Caputo, Raúl Borrás, Bernardo Grinspun, Carlos Alconada Aramburú, Antonio Mucci, Aldo Neri y Germán López-, ya en funciones, trata de desentrañar los misterios de la administración dictatorial. Hay sorpresas por doquier. Las denuncias por corrupción se suman por cientos. Nos llevaría una larga jornada enlistarlas. Entre otras “pequeñeces” anotamos el caso de la Casa de la Moneda, habida cuenta de que se presume la existencia de una doble emisión, y el destino final del Fondo Patriótico creado durante la Guerra de Malvinas, que hemos tratado en tiempo oportuno.

El 14 de diciembre, por la cadera nacional de radio y televisión, el Presidente de la República se dirige a todo el país. Difunde una serie de medidas que tienden a “resolver situaciones  pasadas y prevenir hechos futuros”, que incluye en siete anteproyectos de ley, que determinan: la derogación de la ley de facto llamada Documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo, a la que debe “(…) declararse insanablemente nula”; la derogación de las normas del Código de Justicia Militar que establecen la competencia de los tribunales militares para estos delitos, la que será dejada sin efecto para el futuro, aunque para los hechos ya sucedidos se prevé “un recurso de apelación amplio” en el que entenderán los tribunales civiles y que permitirá la revisión de las condenas.

Las claves están contenidas en el decreto 158, de fecha 14 de diciembre de 1983. Allí ordena que se someta a “juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de la Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976 y a los integrantes de las dos juntas militares subsiguientes -teniente general Jorge R. Videla, brigadier general Orlando R. Agosti, almirante Emilio A. Massera, teniente general Roberto E. Viola, brigadier general Omar D. R. Graffigna, almirante Armando J. Lambruschini, teniente general Leopoldo F. Galtieri, brigadier general Basilio Lami Dozo y almirante Jorge I. Anaya”-, acusados por los delitos de “homicidio, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos, sin perjuicio de los demás de que resulten autores inmediatos o mediatos, instigadores o cómplices los oficiales superiores.”

Previendo que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas actuase en forma morosa y corporativa, establece que “La sentencia del tribunal militar será apelable ante la Cámara Federal en los términos de las modificaciones al Código de Justicia Militar una vez sancionadas por el H. Congreso de la Nación (…)”

Las reacciones fueron inmediatas. Fue una noche caliente, muy caliente. Numerosas unidades militares se autoacuartelan. En todas suenan disparos al por mayor. En muchas, en formación especial, previa arenga del oficial a cargo, eran ahorcados o quemados monigotes que representaban al presidente Alfonsín y a su ministro de Defensa. Sus usinas ideológicas, en tanto, generan cientos de libelos que circulan en forma anónima. En todos se amenaza con un nuevo golpe.

Desde la otra vereda las opiniones son diferentes. Juan Jaime Cesio –aquel coronel que, siendo secretario general del Ejército en 1973, cuando el jefe de la fuerza era el general Jorge Raúl Carcagno- denunció en la X Conferencia de Ejércitos Americanos la llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional”, resalta el coraje civil de Alfonsín, aunque -objeta- “sería mejor que los militares fueran sacados de su jurisdicción y sometidos a la justicia civil”.

Los organismos de Derechos Humanos dicen lo suyo. Cada uno expone fundadas razones. El obispo Miguel Esteban Hesayne, al consultarlo, traduce su desazón y cuenta “Si no me hubiera plantado cuatro horas en el V Cuerpo de Ejercito siendo su jefe el general Azpitarte (…) no hubiera aparecido un viedmense ‘chupado’. Por eso no entiendo cómo en los tribunales militares podría estar el general Azpitarte y juzgar al general Videla y a otros generales”…

 

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